Los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo XXI reclaman del patrimonio cultural que ejerza los papeles que le confiere ser tanto un recurso para la cultura como un capital económico. La primera de las funciones está relacionada con la construcción de identidades sociales, con valores simbólicos, con el servicio a la educación y a la ciencia, con el estímulo de la conciencia ciudadana o con los valores sensitivos y de disfrute. Como capital económico, el patrimonio está relacionado con la inserción en el sistema productivo, incluyendo la generación de rentas e incluso de empleo y, particularmente, con la inserción en el tejido local a través de la participación en el desarrollo regional. Ambas posiciones indican que al patrimonio cultural le corresponde un papel en la transformación de la sociedad. Lograr que estas demandas sociales sean canalizadas correctamente y promover la relación entre patrimonio y sociedad es un objetivo de tutela y, por consiguiente, es un trabajo que debe ocupar un espacio significativo en las tareas de gestión de la administración cultural. El III Plan General de Bienes Culturales reflexiona sobre estos retos creando una estrategia de trabajo con líneas prioritarias de actuación para lograr los objetivos propuestos.

Palabras clave: patrimonio cultural; políticas publicas; Plan General de Bienes Culturales; acción social; Andalucía.

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